Pregunta.- Cuando usted toma asiento en la Eurocámara y mira a su alrededor, ¿diría que el colectivo de los mayores está representado en esta institución? ¿Considera que los intereses de las personas mayores son tenidos en cuenta?

Respuesta.- Bueno, la edad media de la cámara ronda los 50 años, hay bastantes eurodiputados y eurodiputadas por encima de los 70 y creo que el mayor tiene cerca de 85, así que la respuesta es sí. Respecto a la representación de sus intereses, también creo que están muy presentes. La prueba está en la centralidad del debate sobre el reto demográfico que afronta la Unión Europea (UE). Lo vemos reflejado tanto en iniciativas de la Comisión Europea, con su informe sobre los efectos del cambio demográfico o el lanzamiento del Libro Verde sobre el envejecimiento, como del Parlamento, que antes del verano aprobó una resolución sobre “el envejecimiento del viejo continente”. Además, las problemáticas específicas de las personas mayores se incluyen de forma transversal en la discusión de todos los temas (ya sea la transición digital, la igualdad de género, las condiciones laborales y su efecto en las pensiones…). También se tiene muy en cuenta el principio de no discriminación por razón de edad. Quizá esa transversalidad de la que hablo pueda mejorar, pero lo importante es que el Parlamento es una institución bastante permeable a la ciudadanía y que las demandas de la sociedad civil realmente nos llegan y se ven reflejadas en nuestra actividad.

P.- Cuando presentó su candidatura a la Eurocámara en 2019, su propuesta era alcanzar una Europa feminista y ecológica. ¿En qué medida favorecería su programa a un envejecimiento digno y saludable para los mayores?

R.- Creo que no hay nada que favorezca más un envejecimiento digno y saludable que unos sistemas públicos y un estado de bienestar fuertes que ofrezca protección en todas las etapas de la vida de los ciudadanos. Todos necesitamos ser cuidados en algún momento de nuestras vidas –somos interdependientes–, y eso tiene muchísimo que ver con el enfoque feminista y ecologista que señalas. Por una parte, el feminismo nos enseña que somos cuerpos vulnerables y que no podemos hacer política sin tenerlo en cuenta: visibilizar y valorar los cuidados es parte de ello, garantizar una sanidad y unos servicios asistenciales públicos repercute directamente en la calidad de vida de las personas. Por otro lado, no podemos pensar en la crisis climática como algo que nuestras generaciones no van a vivir con tanta crudeza como los jóvenes: millones de personas mueren cada año por enfermedades relacionadas con la contaminación atmosférica, el extractivismo amenaza la calidad del aire, del agua, de los alimentos… En resumen, el feminismo y el ecologismo ponen la lógica de la vida por delante de la lógica del mercado, del consumo, la productividad y el crecimiento desaforado. Sin una visión ecofeminista no tendremos ni una buena vida, ni una buena vejez.

P.- Aunque parece que empieza a recuperarse la normalidad, no podemos obviar que la irrupción de la pandemia en 2020 obligó a todos a cambiar de planes. ¿Cómo afectó la Covid-19 a su agenda política?

R.- En realidad, la pandemia no cambió mi agenda, sino que puso más de relieve los temas sobre los que llevaba tiempo trabajando, como el desequilibrio en el reparto de los cuidados y la feminización de trabajos esenciales mal pagados y poco valorados. Por ejemplo, la mayoría de las actividades “de primera línea” contra el virus las desarrollaban mujeres: enfermería, personal de residencias y centros infantiles, limpieza y ayuda doméstica, personal de caja… Sin esas tareas, y sin el trabajo no remunerado dentro de los hogares, la vida no sigue adelante. Las mujeres están más expuestas a la precariedad, sufren más temporalidad y parcialidad en el empleo y perciben salarios más bajos, lo que a largo plazo se traduce en pensiones más bajas. Nuestras abuelas son más pobres que nuestros abuelos, justamente porque han dedicado toda o buena parte de sus vidas a los cuidados. Durante la pandemia, por otra parte, el teletrabajo ha puesto sobre la mesa la necesidad de buscar garantías y equilibrios para que la casa no se convirtiera en una “fábrica” y en una trampa para la conciliación. Finalmente, también hemos visto cómo esta crisis ha sido aprovechada por algunos gobiernos ultraconservadores para atacar los derechos de las mujeres, sobre todo sus derechos sexuales y reproductivos, algo sobre lo que llevo años trabajando. Ahí está el caso de Polonia y Hungría.

P.- Hace unos meses, el Parlamento aprobó una resolución en la que se exigían políticas que promuevan una percepción positiva de la vejez en la sociedad y la inclusión social de los mayores. ¿Qué destacaría de este documento y qué futuro tiene?

R.- Efectivamente, se aprobó una resolución en la que se abordan algunas de las oportunidades y desafíos de la próxima política de envejecimiento y en la que, por cierto, tuve la oportunidad de presentar enmiendas para incorporar la perspectiva de género. No es un texto legislativo, lo que significa que no podemos exigir su cumplimiento ni a la Comisión ni a los Estados, pero contiene recomendaciones importantes que deben escuchar: entre otras, una percepción positiva de la vejez. Mencionas otro tema clave, el de las pensiones. La resolución deja claro que tienen que ser justas, sostenidas por sistemas públicos de seguridad social basados en la solidaridad contributiva entre generaciones, de modo que, al margen de las contribuciones individuales, nos permitan tener una calidad de vida digna en la vejez, evitando que nos enfrentemos a situaciones de pobreza. Además, el texto también señala que ampliar la edad legal de jubilación no es el camino.

P.- Usted es jurista de formación. En este sentido, ¿qué balance haría de la protección jurídica a los senior en Europa? ¿Cambiaría algún aspecto en este ámbito para mejorar el amparo legal de los mayores en la UE-27?

R.- El marco jurídico de protección de las personas mayores se basa en el artículo 25 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, donde se reconoce el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural. Ese punto de partida, apoyado en el conjunto de derechos relativos a la igualdad recogidos en el capítulo tercero de la carta, constituye un marco jurídico de garantía acertado pero que, hasta ahora, se ha manifestado claramente insuficiente. Me explico: sin derechos sociales efectivos que complementen ese marco, esa protección formal queda convertida en una proclama vacía. Por eso defiendo en mi trabajo parlamentario un enfoque de derechos que permita luchar realmente contra las diferentes barreras que experimentan las personas mayores para el disfrute de la igualdad y la dignidad, garantizando además la solidaridad entre generaciones.

P.- Como vicepresidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género en el EP, no es ajena a los graves problemas que sufren muchas mujeres mayores por el hecho de serlo. De todos ellos, ¿cuáles destacaría?

R.- Lo primero que tengo que decir es que la dimensión de género es esencial para comprender la cuestión del envejecimiento y abordar adecuadamente sus desafíos. Es primordial que seamos capaces de analizar los retos particulares a los que se enfrentan las mujeres mayores cuando se suman las desventajas del género y la edad. El primero de esos problemas sería la brecha de género en las pensiones: en la UE las mujeres reciben, de media, una pensión un 30% inferior a la de los hombres, con el impacto económico y social que tiene para ellas, especialmente para las que viven solas. Esto se traduce, entre otras cosas, en que están más expuestas que los hombres al riesgo de pobreza en la vejez, por lo que es clave que se tomen medidas para combatir la brecha de pensiones. Destacaría también la invisibilización de la violencia de género en esta etapa de la vida, que requiere de medidas específicas de sensibilización, prevención y de protección. O la cuestión de los cuidados: las mujeres mayores tienen una esperanza de vida mayor y enfrentan en muchos casos mayores dificultades para acceder a los servicios de salud, sobre todo por los altos costes de lo que llamamos los cuidados de larga duración, por lo que es imprescindible que apostemos por sistemas públicos sólidos y resilientes frente a procesos privatizadores.

P.- Al hablar de mujeres y envejecimiento, no se nos puede escapar la figura de la cuidadora en sus dos formas: informal y profesional. En julio, afirmó que se está avanzando hacia un Pacto Europeo por los cuidados. ¿En qué consistiría y qué lograría?

R.- n enero, el Parlamento aprobó una serie de recomendaciones y demandas para que la Comisión las incluyese en su Estrategia de Igualdad de los próximos años. Una de ellas era este Pacto de Cuidados o Care Deal, que consistiría en desarrollar un modelo asistencial que garantice una atención de calidad en todas las etapas de nuestra vida, especialmente enfocado en la infancia, las personas dependientes y las personas de edad avanzada. ¿Esto qué implicaría? Pues reforzar la inversión en servicios públicos; mejorar las condiciones de quienes trabajan en el sector, que en su mayoría son mujeres, y reconocer la labor de las cuidadoras informales, garantizando su acceso a la seguridad social. Sabemos, por ejemplo, que hay millones de mujeres en la UE que no llegan a incorporarse al mercado de trabajo o lo hacen de forma parcial porque se dedican a cuidar de algún familiar a tiempo completo. Cuando no hay una red pública y accesible de guarderías, centros de mayores y otro tipo de servicios asistenciales muchas familias asumen no solo la tarea de cuidar, sino que se ven más expuestas a la exclusión social y económica. Y no hablemos ya de quienes se encuentran en entornos rurales, o de quienes afrontan situaciones de discapacidad. La Comisión ya está trabajando en una Estrategia Europea de Cuidados que debería presentar en 2022, y desde el Parlamento hemos pedido que sea algo que se tenga también muy en cuenta en el diseño de los planes de recuperación tras la pandemia.

P.- El pasado mes de enero, la Comisión Europea publicó el Libro Verde sobre el Envejecimiento. ¿Cuál es el cometido de este documento? ¿Le ve futuro práctico?

R.- El Libro Verde trata de avivar el debate sobre esta cuestión, que ha sido identificada como una de las transiciones fundamentales que van a experimentar nuestras sociedades en las próximas décadas. En ese sentido, es muy bienvenido. El diseño de políticas públicas necesita de una reflexión previa, e iniciativas como el Libro Verde sirven para eso. Ahora bien, para mí, el problema del Libro es que hierra parcialmente en su enfoque. El envejecimiento se presenta como un ‘reto’ y se destaca un ‘problema’ asociado al mismo: la sostenibilidad de nuestros sistemas de bienestar, cuando en realidad es un logro de nuestras sociedades y deberíamos afrontarlo desde la solidaridad intergeneracional. Así, mientras que el análisis del Libro se centra en dos cuestiones fundamentales (la importancia de un envejecimiento activo y saludable por un lado y la del aprendizaje permanente en el marco de las transición verde y digital, por el otro), su reflexión queda, en mi opinión, muy corta a la hora de abordar la discriminación por razón de edad y, sobre todo, la importancia de garantizar unos ingresos dignos a través de unos sistemas de protección social adecuados. A este respecto, por cierto, el propio Consejo ha confirmado en su reciente Informe sobre la Adecuación de las Pensiones que la pobreza y la exclusión social siguen aumentando entre las personas mayores.

P.- Por último, Europa viene impulsando desde hace años el Pilar Europeo de Derechos Sociales, del que hace no mucho tiempo se publicó su Plan de Acción. ¿En qué medida y de qué manera beneficiará a los mayores?

R.- Nosotras defendemos la necesidad de avanzar hacia una Europa social, y el Pilar recoge esa voluntad. Acabo de hablar de discriminación y de garantizar unos ingresos y unas pensiones dignas, por ejemplo. Pues esas son dos cuestiones que se recogen en los principios 3 y 15 del Pilar. El problema está, evidentemente, en que no es vinculante. Aun así, cualquier iniciativa dirigida a reforzar la aplicación del Pilar, y el Plan de Acción es precisamente eso, va a contar con nuestro apoyo en la medida en que contribuye a la ampliación de derechos. Dentro de sus iniciativas, para mí ocupa un lugar fundamental la Estrategia Europea de Cuidados que acaba de incorporar la Comisión a su plan de trabajo y que debería ser aprobada a lo largo del próximo año. Me parece fundamental que la acción de la UE abarque las distintas dimensiones de esos cuidados, desde las garantías de protección social hasta las condiciones laborales del sector, o la necesidad de tener servicios de apoyo de calidad para que las personas puedan seguir participando activamente en sus comunidades.